Si hay algo que define a una democracia moderna, sana y garantista, es la solidez e independencia de sus instituciones judiciales. En España y en toda Europa sabemos bien que el Tribunal Supremo es la última frontera que protege a los ciudadanos de los abusos de poder y de las arbitrariedades del gobierno de turno. Sin embargo, cuando miramos al otro lado del charco, concretamente hacia México, el panorama actual resulta no solo desolador, sino profundamente alarmante. El país azteca se encuentra inmerso en una crisis institucional sin precedentes, donde el máximo órgano judicial se ha convertido en el escenario de una descarnada guerra de poder, intrusismo profesional y una lealtad partidista que ha devorado por completo el mérito y la preparación.
En los últimos días, ha salido a la luz una auténtica “rebelión” interna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México. Una mayoría de magistrados ha decidido plantar cara y organizar un acuerdo extraoficial para evitar que el control de la Corte caiga en las manos equivocadas. El pacto interno apunta a que será Yasmín Esquivel, y no Lenia Batres, quien asuma la presidencia del tribunal en el año 2027. Para el lector español que quizás no esté familiarizado con estos nombres, la situación roza el surrealismo absoluto y parece sacada de una mala comedia política.
Y es que la elección entre estas dos figuras ilustra a la perfección el colapso del sistema. Por un lado, Yasmín Esquivel es conocida a nivel internacional por un escandaloso caso de plagio en su tesis universitaria, un hecho que en cualquier país europeo habría supuesto la inhabilitación inmediata y la dimisión fulminante de cualquier cargo público. Por otro lado, tenemos a Lenia Batres, una figura que ha generado estupor incluso dentro de sus propias filas por su evidente y bochornoso desconocimiento del derecho. Las crónicas locales y los analistas políticos destacan la ignorancia supina de Batres, quien ha llegado a afirmar públicamente que no es necesario tener carrera judicial para ocupar un asiento en la Corte Suprema. Semejante barbaridad es equivalente a poner a un ciudadano sin formación médica a realizar cirugías a corazón abierto en el hospital más importante del país. Así de grave es la situación.
Los propios magistrados, incluso aquellos que entraron al tribunal amparados por favores políticos, se han dado cuenta de que el nivel de ridículo que supondría tener a Batres al mando es inasumible. Prefieren apostar por Esquivel, asumiendo que, a pesar de la mancha indeleble del plagio, al menos tiene una noción básica de lo que significa y representa un Tribunal Supremo. Se trata de elegir el mal menor para evitar que la institución termine de convertirse en un hazmerreír mundial.
Pero el problema en México va mucho más allá de una anécdota sobre quién presidirá la Corte. Lo que subyace es la destrucción sistemática del Poder Judicial. Las recientes reformas impulsadas por el gobierno han provocado que la institución pierda los tres pilares fundamentales que la sostenían: el conocimiento, la ética y, sobre todo, la autonomía. Hoy en día, la justicia mexicana se enfrenta al triple desafío de tener que independizarse del Poder Ejecutivo, de la aplastante influencia de los cárteles del narcotráfico y de un partido oficial que ha transformado la Corte en un simple apéndice político. Los analistas y expertos coinciden en que se ha convertido en una “Corte de partido”, donde las decisiones no se toman basándose en la Constitución, sino en los dictados y conveniencias del gobierno de turno.
La degradación del perfil técnico es alarmante. Mientras en el pasado el Supremo de México contaba con juristas del calibre de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena —quien acaba de ser nombrado consejero titular nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard—, hoy se colocan perfiles marcados por la ineptitud. La máxima que parece imperar en el actual gobierno mexicano es clara y aterradora: “90% de lealtad, 10% de capacidad”. Sin embargo, como apuntan los críticos más mordaces, ni siquiera llegan a ese ínfimo 10% de competencia profesional.
Y si el desastre institucional en el Poder Judicial parece grave, el panorama económico y de corrupción estructural no se queda atrás. Paralelamente a esta crisis de la justicia, México está siendo desangrado por un saqueo sistemático y multimillonario a través del llamado “huachicol”, un término local que se refiere al robo y contrabando a gran escala de combustible. Lo que antes era un delito de bandas menores, se ha convertido en una industria criminal gigantesca que opera ante la inoperancia —o la complicidad— de las altas esferas.
El mecanismo de este desfalco es sofisticado y se divide en cuatro frentes masivos. En primer lugar, la entrada de combustible de contrabando a través de barcos y trenes, evadiendo impuestos especiales (como el IEPS) y causando un agujero fiscal de dimensiones colosales. En segundo lugar, la evasión sistemática del IVA en estas transacciones en el mercado negro. En tercer lugar, la perforación de oleoductos, que el año pasado superó las 5.000 tomas clandestinas registradas, una cifra que, lejos de disminuir, sigue en aumento. Y por último, el robo directo que se perpetra desde dentro de las propias refinerías estatales.
La magnitud de este mercado negro del petróleo es tan escandalosa que el crudo robado se exporta y refina en Estados Unidos. Esto ha provocado que el mismísimo gobierno estadounidense y su agencia tributaria (el IRS) hayan tenido que dar un golpe en la mesa. Cuando el descontrol interno de un país empieza a golpear las finanzas de su poderoso vecino del norte, las alarmas internacionales se disparan de inmediato.
Pero lo más indignante de toda esta situación, y lo que tiene a la sociedad mexicana verdaderamente consternada, es quiénes son los nombres que se barajan detrás de estos negocios oscuros. Las investigaciones y filtraciones apuntan directamente a las cúpulas del poder. Se habla de altos exfuncionarios como Adán Augusto e incluso del entorno más íntimo de la presidencia, como familiares directos del mismísimo presidente (conocidos popularmente como “Andy” y sus amigos). Una red de testaferros que se están enriqueciendo de forma obscena a costa de las arcas públicas.
Este enriquecimiento ilícito no se limita al robo de combustible. Las garras de la corrupción se extienden a las grandes obras faraónicas del gobierno, como el controvertido Tren Maya. Un megaproyecto ferroviario que ha sido ejecutado sin cálculos técnicos rigurosos, utilizando materiales de dudosa calidad como base de piedra caliza, provocando fallos estructurales que no solo evidencian una chapuza monumental, sino que ponen en un riesgo inminente la vida de los pasajeros. Todo por la prisa de inaugurar y la codicia de repartir contratos entre un selecto grupo de amigos. La combinación letal de improvisación, ineptitud y corrupción absoluta ha culminado en un escenario donde gobernadores, alcaldes, ministros y familiares actúan bajo un manto de impunidad autoprotegida.
En conclusión, lo que estamos observando en México es una radiografía desgarradora de un Estado carcomido desde sus cimientos. La rebelión en la Suprema Corte no es más que el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Cuando el 90% de la población considera, según datos estadísticos oficiales del propio país, que todas las interacciones con el Poder Judicial están marcadas por la corrupción, sabemos que el contrato social está roto. Para nosotros, desde España, este escenario debe servir como una lección magistral y una advertencia severa: la independencia judicial, la preparación profesional y la fiscalización del poder político no son lujos de los que podamos prescindir, sino las únicas barreras que nos separan del caos, el desfalco y el autoritarismo desmedido. El drama mexicano es, sin duda, un espejo en el que ninguna democracia querría verse reflejada.
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